Ley Antifraude: Lo que te conviene saber para evitar sanciones

El 10 de julio de 2021 se publicó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal o, más conocido como Ley Antifraude, en Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta normativa fue diseñada por el Gobierno para combatir el fraude fiscal.

A parte de este objetivo, esta ley también acoge otros puntos como criptomonedas, pagos en efectivo, sucesiones y paraísos fiscales. Sin embargo, vamos a centralizar el tema en lo referente a las regulaciones implicadas en el software de contabilidad y facturación. 

De aplicación obligatoria, originalmente a partir del 1 de julio de 2024, ahora del 1 de enero de 2026 para empresas y 1 de julio de 2026 para autónomos, esta ley implica a empresarios y profesionales a trabajar con programas informáticos que soporten procesos contables y de facturación con garantías de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. O dicho de otro modo, que los datos introducidos en el sistema no se puedan modificar. 

A partir de ese momento, el gobierno sancionará a quienes desarrollen o utilicen programas informáticos que permitan llevar una contabilidad en B, o lo que es lo mismo, una facturación sin declarar. Quedan fuera de esta normativa las empresas que ya estén acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII).

Los fabricantes y comercializadores de sistemas informáticos, tienen la obligación de tener disponible una versión que cumpla con dicha Ley antes de 29 de julio de 2025. 

Obligaciones a partir del 1 de julio de 2026

A partir de esta fecha, los usuarios de software de facturación deberán garantizar que sus sistemas cumplen con las características y requisitos establecidos en el reglamento y su normativa de desarrollo. Uno de los puntos clave es la necesidad de contar con una certificación mediante declaración responsable que acredite que el software cumple con los requisitos de la normativa antifraude.

Aspectos importantes a considerar:

1. Responsabilidad del proveedor:

El reglamento establece que la certificación debe ser emitida por el desarrollador del software.
Si el proveedor no emite el certificado dentro del plazo establecido, el usuario no podrá utilizar ese software, ya que se consideraría una infracción grave.

2. Software de código abierto o "Open Source":

Si el usuario tiene acceso al código fuente y modifica partes del programa afectadas por la ley, será responsable a efectos legales de dichos cambios.

3. Software a medida:

En este caso, el usuario deberá emitir la certificación correspondiente, salvo que un tercero gestione y certifique el sistema.

4. Modificaciones del software:

Cada cambio en el sistema de gestión requerirá una nueva certificación.

Conclusión:
Aunque la responsabilidad de emitir la certificación puede variar según el tipo de software y su proveedor, la obligación final de solicitarla o elaborarla recae siempre en el usuario o cliente.